Los sindicatos denuncian la falta de protección de los trabajadores que se han reincorporado, un 30 por ciento de la plantilla, mientras que la juez decana anuncia la celebración de juicios adaptados a la nueva realidad.

Ayer arrancó la primera fase del particular proceso de reactivación de la Administración de Justicia tras el parón obligado por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. El denominado ‘Esquema de Seguridad Laboral y Plan de Desescalada’ elaborado por el Ministerio de Justicia fue publicado en el BOE el pasado viernes y contempla cuatro peldaños. En este primero, de una semana de duración al menos, se podrán reincorporar a sus puestos de trabajo un 30 por ciento de las plantillas de funcionarios judiciales, que se sumaría al 10% que ha estado desarrollando sus funciones durante todo el estado de alarma. Porcentaje que en Ciudad Real engloba a unos 60 empleados.

Con esta fase 1 de desescalada en la administración de Justicia se empieza a recuperar la normalidad, aunque de un modo aún muy precario, tanto en medios humanos como en materiales, adaptándose a las recomendaciones de las autoridades sanitarias. La juez decana de Ciudad Real, Isabel Serrano, confía en «empezar a poner en marcha una maquinaria que antes de esta crisis ya arrastraba una situación muy difícil», con el deseo de «arrimar el hombro y trabajar todos al máximo» para que se empiecen a tramitar los muchos asuntos que se han quedado estancados durante estos dos meses, yendo «poco a poco, tramitando lo que se pueda tramitar y recuperando la normalidad que se pueda recuperar».

Es intención de la juez decana empezar a señalar y celebrar juicios, dando así salida a un trabajo de instrucción que sí se ha estado haciendo, de forma presencial o telemática. Unos juicios que deberán ser ‘reinventados’ para adecuarlos a las medidas sanitarias que exige la situación, empezando por la dificultad de que estos se lleven a cabo con público en la sala; la necesidad de que acompañantes o familiares no puedan esperar en los pasillos sino fuera del edificio; o la idoneidad de dejar un espacio de tiempo entre una vista y otra para poder desinfectar la sala. «Va a ser complicado, pero iremos encajando las piezas», resume Serrano.

SIN PROTECCIÓN. Desde el Sindicato de Trabajadores de Administración y Servicios de Castilla-La Mancha (STAS) se denuncia que este primer paso en el regreso a la normalidad en los juzgados se ha dado sin las mínimas medidas de protección. Los trabajadores se han encontrado «sin guantes y sin mascarillas», según Carmen Romero, coordinadora regional de este sindicato, quien también cree necesarios controles de temperatura y la realización de test, al tratarse de trabajadores que van a compartir habitáculos y servicios comunes: «Están pisoteando nuestros derechos».

En la fase 2 de la desescalada judicial el porcentaje de trabajadores reincorporados en cada órgano o servicio se elevará al 60%.