El lunes pasado, Bankia recibió una buena noticia: un juzgado de Las Palmas le dio la razón y evitó que devolviera a la hotelera Lopesán un millón que invirtió en acciones del banco al considerar que conocía la situación de la entidad. Sin embargo, otro juzgado condenó a Bankia a devolver dos millones a Festina. Hasta ahora, el banco ha ganado un caso y ha perdido siete; acumula 50 reclamaciones de inversores institucionales por 35 millones y asegura que recurrirá todas al Supremo.
El magistrado canario desestimó la demanda presentada por el grupo hotelero Lopesán porque dijo que los institucionales contaban con los medios necesarios para tomar la decisión de comprar acciones. Lopesán Touristik, según el juzgado, es un inversor que, según su objeto social, es "encuadrable" dentro del marco del inversor institucional y además en relación con la salida a Bolsa de Bankia participó "activamente en la fase previa de valoración de la sociedad".
Ello, explica la sentencia a la que ha tuvo acceso Efe, le convierte en "reforzado conocedor de la situación patrimonial y financiera de las empresas que se iban a fusionar y la finalmente resultante", ya que el propio grupo hotelero estaba participado por Caja de Canarias, una de las que dio origen a Bankia.
Es más, el magistrado recuerda que existe una situación de recíproca tenencia de acciones entre ambas empresas, porque incluso Bankia (Caja de Canarias) desempeñó un puesto de consejero delegado en Lopesán Touristik en 2011. Ante esto, resulta "difícilmente creíble" que Lopesán no conociese el estado patrimonial y financiero de la empresa que iba a nacer y a cuyo alumbramiento estaba colaborando en compañía de otros inversores institucionales, añade el magistrado.
Sin embargo, el lunes pasado también se supo que el juzgado de Primera Instancia número 98 de Madrid condenó a Bankia a devolver a Festina Lotus dos millones invertidos en la salida a Bolsa al considerar que por el importe invertido y por el tamaño de la empresa no se le puede considerar como inversor cualificado. Según el banco, son inversores institucionales aquellos que destinaron más de 250.000 euros a la compra de acciones.
Pierde la mayoría de los pleitos con institucionales
Hasta ahora, son mayoría los magistrados que han dado la razón a las empresas frente a la entidad dirigida por José Ignacio Goirigolzarri, pese a que el Supremo no anuló la salida a Bolsa para los institucionales al entender que "tenían otros medios para conocer más a fondo la situación de la entidad". Bankia recurrirá todas las sentencias que ha perdido porque considera que los inversores institucionales tenían más fórmulas para entender la situación, "no únicamente el folleto, como sucedía con los particulares", según fuentes de la entidad.
Sin embargo, son muchos los que discuten esta tesis. Al margen de los distintos bufetes de abogados, directivos como Ignacio Garralda, presidente de Mutua Madrileña, que perdió dos millones con la inversión en Bankia, entiende que si el Supremo ha dicho que había graves inexactitudes en el folleto "eso afecta a todos y debería invalidar la salida para todos, no solo a los pequeños inversores. Creer que los inversores institucionales tienen más datos que los que aparecen en el folleto es admitir que existe información privilegiada. Los grandes inversores tienen más capacidad de análisis de los datos, pero no más cifras. La información para todos es igual", declaró este antiguo experto bursátil hace semanas durante la presentación de resultados.
Jordi Ruiz de Villa, socio de litigación bancaria del bufete Jausas, coincide con Garralda en que no se puede admitir que los institucionales tienen información privilegiada. Además, sostiene que existían graves errores de contabilidad, por lo que las cifras de Bankia, cuando salió a Bolsa, no se correspondían con la situación del banco. Este abogado sostiene que el informe de los peritos ha demostrado que "desde 2009 y 2010, las entidades que luego compusieron Bankia refinanciaban el crédito, los intereses y el circulante de empresas. Estos préstamos eran morosos, pero lo ocultaban".
También afirma Ruiz de Villa que en noviembre de 2011, cuatro meses después de salir a Bolsa, un informe interno de Bankia admitió que "la gran mayoría de las propias empresas del grupo eran inviables y no iban a devolver los créditos. Esta información se tenía que saber en julio de 2011 ya que los consejeros de Bankia estaban en los órganos de decisión de las empresas filiales". Por último afirma que las cajas que formaron Bankia no tasaron de nuevo los suelos que aportaron a la fusión, "y quedaron valorados en los precios originales, cuando la depreciación era más que evidente".
